Cien días sin deportaciones

El día de ayer, 20 de enero, Joe Biden, de 78 años, juró el cargo como el 46° Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en ceremonia solemne afuera del Capitolio de Estados Unidos. Por su parte, Kamala Harris, de 56 años, tomó juramento ante la jueza de la Corte Suprema, Gloria Sotomayor.

A las pocas horas de haber tomado el cargo, Biden realizó algunas acciones prioritarias, como lo señala un comunicado de la Casa Blanca.

“El presidente Biden ofrecerá una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses mientras el país se enfrenta a crisis convergentes. Esto incluirá acciones para controlar la pandemia de COVID-19, brindar alivio económico, abordar el cambio climático y promover la equidad racial y los derechos civiles, así como acciones inmediatas para reformar nuestro sistema de inmigración y restaurar la posición de Estados Unidos en el mundo”.

Sobre el tema migratorio, que es de gran interés para nuestra comunidad destaca el texto que “el presidente Biden reformará nuestro sistema de inmigración caótico y quebrado hace mucho tiempo. La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración justo y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes, mantiene unidas a las familias y permite a las personas de todo el país, tanto inmigrantes recién llegados como personas que han vivido aquí durante generaciones, para contribuir más plenamente a nuestro país”.

Esta sería la mejor postura tomada durante las últimas administraciones, y que también anunció el Departamento de Seguridad Nacional detendría las deportaciones de los no ciudadanos durante 100 días, a partir del 22 de enero. Esta moratoria sería una de las promesas que anunció durante su campaña y con la cual la comunidad migrante puede ver con buenos ojos –por el momento– al presidente Biden.

Sin embargo, habrá que esperar que la efervescencia de la toma de posesión no diluya las acciones a favor de los derechos humanos, no solamente de la comunidad migrante, sino de todos los habitantes del país.