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CDMX.
13 de noviembre de 2020.
A mediados de septiembre de este año, algunas organizaciones estadounidenses pusieron en alerta que se estaban practicando histerectomías (extirpación de la matriz) a mujeres migrantes en un Centro de Detención, en Atlanta, Georgia.
Los hechos habrían ocurrido en los meses de octubre a diciembre de 2019, en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) y que es operado por la empresa privada Lasalle Corrections, todo esto asentado en una queja por parte de la organización Project South, realizada a las autoridades migratorias.
Tras varios meses de investigaciones, el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, lanzó una nota respecto a la situación de las mujeres mexicanas en ese centro de detención.
«En seguimiento a las denuncias por malas prácticas médicas a mujeres que se encontraban internadas en el Centro de Detención de Irwin (ICDC, por sus siglas en inglés), a cargo del Servicios de Migración y de Aduanas (ICE) en Georgia, Estados Unidos, el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en Atlanta, continúa desplegando esfuerzos de protección consular a favor de las posibles mexicanas afectadas».
Según el comunicado, el personal del consulado general ha realizado tres visitas a este centro desde que tuvieron conocimiento de los hechos, pero después de la contingencia tuvieron que gestionar un permiso especial por las restricciones sanitarias.
«Durante la visita más reciente, efectuada el lunes 10 de noviembre, funcionarios consulares entrevistaron a cuatro mujeres mexicanas que permanecen en el citado centro. El objetivo fue dar seguimiento a sus necesidades inmediatas y verificar su estado de salud. Dos de ellas son parte del grupo de personas que han referido haber sido sujetas a cirugías (no histerectomías)».
Ante la posibilidad de deportación de las víctimas, lo que perjudicaría la demanda colectiva que se plantea realizar y el caso pueda ser llevado ante la corte, el abogado Andrew Free trabaja en coordinación con el consulado para evitarlo y de momento, tres de las afectadas no están en riesgo de ser deportadas. Se espera que se promueva el juicio y los derechos humanos de las mujeres mexicanas puedan ser respetados.
