SIGUEN LOS RETENES POLICIACOS EN LA COMARCA
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| ATENTAN CONTRA LAS LIBERTADES CIVILES DE LAS FAMILIAS MIGRANTES |
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Siguen los retenes policiacos en la comarca.
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Por más que las autoridades sostengan que sus prácticas no representan una conducta racista, la realidad es clara: los afectados son únicamente los latinoamericanos indocumentados.
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Sacramento, CA. 10 de junio, 2011.- El Departamento de Policía de la ciudad de Sacramento ha incrementado el acoso contra la población migrante de origen latinoamericano con la complicidad de los funcionarios electos, mientras que la mayoría de las organizaciónes cívicas se hacen de la vista gorda. Los puntos de revisión que colocan en los vecindarios donde se concentra la población migrante, con la excusa de atrapar conductores en estado de ebriedad, ocurren cada vez con mas frecuencia.
Esta práctica impulsada por la xenofobia de los sectores conservadores de la población estadounidense provoca graves problemas para nuestra comunidad migrante trabajadora. Mas allá de la experiencia humillante de verse despojados de sus vehículos en plena vía pública y de la incomodidad de esperar a que algun familiar o una persona amiga acepten venir a levantarlos al sitio del despojo, el perjuicio económico es cuantioso y no es fácil recuperarse.
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El impacto negativo en la economía familiar es catastrófico, comenzando por la necesidad de adquirir un medio de transporte que substituya en un plazo inmediato al que las autoridades le confiscaron. Al término del plazo de 30 dias de detención obligatoria, el propietario del vehículo confiscado debe someterse a la explotación de la que - entre el estado de California y las empresas operadoras de grúas - lo hacen víctima inerme.
La tarifa común es de entre 150 y 160 dólares por el arrastre, y cargos por almacenamiento de entre 45 y 60 dolares diarios. En promedio, el trabajador o la trabajadora migrante explotada por el estado y las empresas de grúas está obligado a pagar una cantidad superior a los mil seiscientos dolares, despues de pagar en la estación de policía correspondiente un cargo de setenta u ochenta dolares por concepto de "cuota de liberación".
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Las autoridades municipales de la comarca que circunda la ciudad capital del estado, continúan con la práctica de colocar retenes en vecindarios habitados por migrantes de origen latinoamericano. Los así llamados "puntos de sobriedad" atentan contra los derechos civiles de éste grupo étnico, al ser utilizados como blanco único, con la agravante de que un alto número de migrantes es indocumentado y no cuenta con la licencia de manejo correspondiente. Consecuéntemente sus automobiles son confiscados de manera permanente o temporal. El daño económico es cuantioso. (Foto: Emmanuel Solorio)
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