Guanajuato, marzo de 2025.
En un firme pronunciamiento contra la violencia y la impunidad en los crímenes cometidos contra la libertad de expresión, periodistas y defensores de derechos humanos de Guanajuato alzaron la voz exigiendo justicia y seguridad para quienes ejercen la labor informativa en la entidad. Este posicionamiento, dirigido a las autoridades locales y a la sociedad en general, resalta la grave situación de riesgo que enfrentan los periodistas en el estado y en el país, alertando sobre los crímenes que siguen impunes y las agresiones que se han multiplicado en los últimos años.
La misiva, firmada por periodistas de la entidad, se dirigió a la Mtra. Libia Denisse García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, y al Dr. Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General de Justicia del estado, y fue emitida en un contexto marcado por el asesinato reciente del periodista Kristian Uriel Zavala, quien fuera parte del medio Silaoense Mx. Este crimen, lamentan los firmantes, se suma a la larga lista de periodistas guanajuatenses que han sido víctimas de violencia, y es un claro ejemplo de la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades.
En su pronunciamiento, los periodistas destacan los preocupantes datos que evidencian el clima de inseguridad en el que se desempeñan. Según cifras oficiales, hasta diciembre de 2024, 59 personas en Guanajuato, entre periodistas y defensores de derechos humanos, fueron incorporadas al Mecanismo Federal de Protección. La cifra refleja la magnitud de la violencia sistemática contra la prensa, que abarca desde agresiones físicas y digitales, hasta desapariciones y homicidios, muchos de los cuales siguen sin resolverse.
Uno de los aspectos más críticos señalados por los periodistas es la falta de investigaciones exhaustivas y transparentes por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Muchos casos, señalan, han sido archivados, reservados o incluso no se ha iniciado acción penal alguna debido a la falta de diligencia en las indagatorias, lo que perpetúa la impunidad y deja a las víctimas y sus familias sin justicia.
En particular, exigen que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos Contra la Libertad de Expresión en todos los casos relacionados con la violencia hacia la prensa, y que se dé un seguimiento adecuado a las carpetas de investigación aún abiertas. Solicitan, además, que se esclarezcan los crímenes más recientes, como el asesinato de periodistas como Gerardo Nieto, Víctor Manuel Campos, Alejandro Martínez Noguez, y otros más, cuyos homicidios y desapariciones continúan sin justicia.
El pronunciamiento subraya que la violencia contra los periodistas no solo atenta contra los derechos de los comunicadores, sino que limita el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.
«La violencia contra la prensa no solo afecta a los periodistas, sino a toda la ciudadanía, pues limita su derecho a estar informada», recalcaron.
Entre las exigencias presentadas, los periodistas piden una mayor responsabilidad de las autoridades, tanto locales como federales, para garantizar la seguridad y las condiciones laborales necesarias para que los comunicadores puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias. En este sentido, solicitan a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato que informe trimestralmente sobre el avance de las investigaciones y que se establezcan medidas de protección efectivas para quienes se encuentran en situaciones de alto riesgo.
Además, instan al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a activar con urgencia una Alerta Temprana que garantice la protección de los periodistas en la entidad.
Finalmente, el colectivo de periodistas reafirmó su compromiso con la verdad y la defensa de la libertad de expresión.
“No nos callaremos. No daremos marcha atrás en la defensa de la verdad”, concluyeron en su mensaje, un claro recordatorio a las autoridades de su obligación de garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico.
Este pronunciamiento surge en un contexto de creciente violencia contra la prensa en todo México, un fenómeno que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La lucha por la justicia para los periodistas caídos y por un entorno seguro para quienes aún ejercen esta profesión es más urgente que nunca.
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