La agenda descolocada

Ciudad de México, 27 de enero de 2026.- El lunes por la mañana, en la conferencia presidencial, se anunciaron diversos temas que serían abordados. Entre ellos, destacó uno que, aunque podría parecer menor, revela mucho del momento político que estamos viviendo: las denuncias realizadas por miles de ARMY —sí, me incluyo— por las prácticas abusivas en la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México.

Desde mi experiencia personal, en menos de media hora los boletos se agotaron. ¿Cómo es posible que un evento con más de 150 mil entradas disponibles desaparezca en cuestión de minutos, sino por el uso sistemático de bots, acaparamiento y reventa, prácticas que desde hace años han sido denunciadas sin consecuencias reales? No se trata de una percepción aislada: más de seis mil denuncias han sido presentadas ante la Profeco, obligando a la institución a pronunciarse públicamente.

El titular de la dependencia aseguró que, ante la presión social, se aplicarán sanciones a Ocesa y Ticketmaster. Sin embargo, en el mismo discurso se deslizó una afirmación inquietante: que la preventa está permitida y que sus regulaciones dependen en buena medida de instancias locales. El mensaje que queda no es el de una regulación firme, sino el de una tolerancia ambigua frente a prácticas que lesionan de manera reiterada los derechos de los consumidores.

Hasta ahí, el tema podría leerse como un conflicto más entre empresas privadas y usuarios. Pero lo verdaderamente revelador vino después.

La presidenta anunció que había enviado una carta al primer ministro de Corea del Sur solicitando más fechas de BTS en México, argumentando que los boletos disponibles eran insuficientes frente a una demanda que rondaría el millón de personas. Dijo hacerlo por las y los jóvenes mexicanos que desean ver al grupo.

Aquí es donde la agenda empieza a descomponerse.

Yo no pertenezco a ese grupo etario, no conseguí boleto y, aun así, claro que quiero ver a BTS. Soy Army y no lo oculto. Precisamente por eso, por estar dentro de esa contradicción, resulta necesario subrayar un hecho que desmonta cualquier intento de romantizar esta intervención: las propias ARMY rechazaron la politización del tema.

Horas después de la mañanera, ARMY México emitió un comunicado claro y contundente. En él, señalan que su exigencia se mantiene enfocada únicamente en la defensa de los derechos de las y los consumidores; que continuarán con las denuncias ante Profeco; que demandan acciones reales contra las redes de reventa, muchas de ellas de carácter internacional; y que no están exigiendo más fechas mientras no haya claridad, transparencia y respuestas concretas. Más aún: dejaron explícito que BTS y ARMY se mantendrán al margen de cualquier tema político y que no buscan ni promueven la politización de esta causa.

Cuando incluso la base social que supuestamente se busca beneficiar rechaza el uso simbólico del espectáculo, el problema deja de ser la música y se convierte en una cuestión de poder.

Y este punto se vuelve todavía más grave si se observa el contraste con lo ocurrido ese mismo fin de semana en Guanajuato. Al menos once personas fueron asesinadas en un espacio comunitario: una cancha de futbol, un lugar que simboliza convivencia, barrio, vida cotidiana. Ante una pregunta expresa sobre esta masacre, la respuesta presidencial fue breve, distante, administrativa: la fiscalía del estado ya estaba trabajando en el caso. No hubo énfasis, no hubo mensaje político, no hubo duelo público.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿en qué momento los conciertos, los eventos deportivos y los gestos diplomáticos del espectáculo adquirieron mayor centralidad que la vida de las personas?

No se trata de oponer BTS contra las víctimas, ni el Mundial de futbol contra la tragedia. Se trata de algo más profundo y preocupante: una agenda pública crecientemente orientada al marketing institucional, a los temas que generan simpatía inmediata, mientras el horror cotidiano se gestiona con frases técnicas y silencios incómodos.

Soy pro 4T. Voté por Claudia Sheinbaum. Apoyo muchas de sus políticas y reconozco avances que no son menores. Precisamente por eso, porque no escribo desde la oposición automática ni desde el cinismo cómodo, resulta incomprensible esta reiterada indiferencia frente a temas que lesionan no solo la seguridad, sino también la dignidad moral de la ciudadanía.

La violencia en Guanajuato no es una estadística: es una herida abierta. Cuando una masacre se despacha en una frase burocrática, el mensaje es devastador. No solo para las víctimas y sus familias, sino para todos: la vida deja de ser el centro del discurso público.

Mientras tanto, se escriben cartas para conseguir más fechas de conciertos. Se anuncian festivales, actividades mundialistas, espectáculos. Todo eso puede tener su lugar. Pero cuando ese lugar desplaza a la vida humana, algo esencial se ha roto.

La política no puede reducirse a la gestión de emociones positivas ni a la administración del entusiasmo colectivo. Gobernar también implica nombrar el dolor, asumir la gravedad de lo que ocurre y enviar señales claras de que la vida importa más que cualquier evento.

Hoy, el problema no es BTS. No es el futbol. No son las Armies. El problema es una agenda descolocada que parece haber normalizado el horror y banalizado la muerte.

Y cuando eso ocurre, no solo fallan las instituciones: se erosiona el sentido mismo de lo público.